El oligopolio de los mercados energético y petrolero en España

Situación y consecuencias para la competitividad y la calidad de vida

#Oligopoly

La mayor parte de la información publicada a continuación está extraída del extraordinario reportaje realizado por Jordi Évole en el programa «Salvados». Con el título «Oligopoly», en él se analizaba la situación oligopolística de mercados tan importantes y estratégicos para la economía como son el energético y el petroquímico.

La teoría económica coincide con la realidad al hablar de las consecuencias de tener un modelo de mercado de competencia imperfecta en estos dos sectores: los consumidores pagan un mayor precio, el mercado genera ineficiencias, la información no es pública ni accesible para los agentes, los ofertantes maximizan sus beneficios realizando prácticas colusorias y existen importantes barreras de entrada a competidores.

La conclusión del reportaje viene a ser que media docena de grandes empresas, actuando en forma de oligopolio favorecido indirectamente por el gobierno, obtienen grandísimos beneficios a costa de subir los precios, perjudicando el interés general, haciendo que nuestra economía sea menos competitiva y encareciendo el coste de la vida para el ciudadano. El gobierno podría intervenir para cambiar o regular esta situación, pero no lo hace debido a los intereses e influencias recíprocas que tiene con respecto a las grandes empresas.

A) El oligopolio del sector energético de España

Los recibos de la luz en España son los terceros más caros de Europa, sólo por detrás de Chipre y Malta. Los españoles pagamos en cada factura de electricidad una serie de sobrecostes que nada tienen que ver con el consumo eléctrico, y que en la mayoría de casos son absolutamente desconocidos para el consumidor final.

¿Qué sobrecostes incluye la factura eléctrica en España?

Las facturas de la electricidad en nuestro país incluyen 2 conceptos fundamentalmente: por un lado está la cantidad de energía consumida al precio fijado por kilowatio, y por otro, una serie de costes a mayores (que no han hecho más que incrementarse en los último años) cargados por las compañías eléctricas y en cuyo origen tienen que ver las decisiones tomadas por el gobierno. Son los llamados «peajes de acceso», que incrementan la factura en concepto de los gastos de transporte y distribución de la electricidad + una serie de primas (subvenciones) para fomentar el uso de energías renovables + una tarifa para grandes empresas industriales + el pago del «déficit de tarifa» + la «moratoria nuclear» + extras peninsulares para llevar la electricidad a las islas, Ceuta y Melilla.

La mayor parte de estos conceptos que engrosan los «peajes de acceso» son subvenciones y deudas que el gobierno de turno ha ido adquiriendo con las compañías del sector eléctrico en cada momento. Así por ejemplo, el concepto de la «moratoria nuclear» incluye una serie de indemnizaciones que el gobierno debe a las compañías eléctricas por paralizar la instalación de nuevas centrales nucleares concedidas por anteriores gobiernos.

O el «déficit de tarifa», que va cargando en cada factura una pequeña parte de la enorme deuda acumulada en años por la diferencia entre el coste real que a las compañías eléctricas les cuesta producir la energía, y el precio de venta de la luz fijado de forma contenida por el gobierno de turno para evitar subir las tarifas directamente, y perder así votos de los ciudadanos. Para un gobierno hay pocas cosas más impopulares que subir la tarifa de luz, y para evitarlo se ha creado este déficit tarifario que España arrastra desde hace más de 10 años.

Es decir, el déficit tarifario es una enorme deuda (de 24.000 millones de euros desde el año 2000) que se ha ido generando durante años para evitar subir directamente la tarifa de la luz al ciudadano, y esa deuda va siendo pagada igualmente por los ciudadanos pero de una forma desfasada en el tiempo a través del concepto de «déficit de tarifa» en cada factura de la luz.

Este concepto fue implementado por Rodrigo Rato en el año 2000. La deuda del «déficit de tarifa» es comercializada además por las compañías eléctricas a través de los bancos, con lo que realmente los ciudadanos debemos gran parte de esos 24.000 millones no a las compañías eléctricas, sino a los bancos e instituciones financieras.

El recibo de la luz pagado por los ciudadanos y empresas ha subido más de un 70% en los últimos 6 años, sin ser capaz de reducir apenas el déficit tarifario total. Esto implica que el coste de la electricidad en España no dejará de crecer en el futuro para poder hacer frente a la deuda acumulada.

• Las 3 grandes eléctricas españolas, Gas Natural, Endesa e Iberdrola sumaron en 2011 un beneficio neto de 6.341,5 millones de euros, un 22,6% menos que en 2010.

La complejidad del sector eléctrico español y de su sistema y forma de tarificación ha sido realizado ex profeso para favorecer al oligopolio de las 5 grandes compañías eléctricas que operan en España, como una forma de evitar la entrada de nueva competencia. Las españolas Gas Natural Fenosa, Endesa e Iberdrola, así como la portuguesa EDP y la alemana E-On, tienen copado el mercado eléctrico nacional, al mover el 80% de la generación y cerca del 90% de la venta de electricidad en nuestro país.

Tal y como está organizado el sector, estas compañías han sido capaces de expulsar a la competencia, tanto en el segmento de generación, como en el de comercialización. Muchas empresas energéticas han renunciado al mercado español. Por ejemplo, un gigante como Gas de France ha anunciado recientemente que pone a la venta sus centrales en España porque no pueden competir con las centrales de gas de las empresas españolas, que curiosamente son más pequeñas que ella en este negocio.

Un mercado oligopolístico va en contra de la competitividad de un país, pues sus actores, al ser pocos, se pueden poner de acuerdo para fijar los precios, perjudicando muchas veces a los consumidores finales y al interés general, pues se encarece el coste de la vida para los particulares (se reduce su nivel de renta disponible) y se incrementan los costes de producción para las empresas (al pagar una tarifa eléctrica más cara que la de países vecinos).

El sector eléctrico en España factura antes de impuestos 35.000 millones de euros anuales. Las multas que se han impuesto a las compañías eléctricas por pactar precios son absolutamente ridículas y se imponen “de cara a la galería”.

El precio final de los kilowatios se fija en subastas de energía diarias a las que las compañías eléctricas acuden regularmente. El problema proviene de que en esa subasta, los vendedores de energía (las empresas generadoras) y los compradores de energía que luego la revenderán a los consumidores (las empresas comercializadoras) son las mismas en un 80% dada la estructura oligopolística del mercado energético español.

Así por ejemplo, Gas Natural Fenosa Generación le vende la energía a Gas Natural Fenosa Distribución y lo mismo ocurre con las demás compañías. De esta forma, vendedor y comprador de energía son el mismo grupo empresarial, y con ello se facilita la realización de prácticas abusivas propias de un mercado oligopolístico, fundamentalmente:

• 1) Fijar un alto margen ya sea en el segmento de la generación y/o distribución (y con ello un alto precio que deberá pagar el usuario final de la luz) para obtener mayores beneficios.

• 2) Fijar un precio muy bajo (incluso por debajo del coste) en alguno de los 2 segmentos (generación o distribución) en caso de que interese expulsar a un posible competidor, pues al ser el mismo grupo empresarial, lo que pierde la generadora lo gana la distribuidora y viceversa.

Además de las subastas diarias de energía a las que acuden exclusivamente las compañías eléctricas, también existen subastas trimestrales a las que asisten los bancos comerciales y de inversión, los cuales especulan con el precio de la electricidad actuando como meros intermediarios en la compra-venta de energía entre compañías eléctricas y gobierno: ofertan al gobierno electricidad para el próximo trimestre a un precio “X” -algo superior al que ellos esperan que se fije en la próxima subasta trimestral-, y una vez que tienen esa cantidad de electricidad vendida a ese precio “X”, acuden a una compañía eléctrica para comprársela a “X-1″, ganando como margen la diferencia entre “X” y “X-1″.

Esto produce a su vez un mayor efecto inflacionista sobre el coste de la electricidad, al incrementar el precio de la luz en más de 500 millones de euros anuales. Dividiendo 500 millones de euros entre 20 millones de usuarios, sale que de media cada usuario debe pagar un sobrecoste de 25 euros al año debido al margen que se llevan los bancos en esta operación.

Lo lógico sería eliminar intermediarios, y que sean las eléctricas las que directamente vendan su energía al gobierno, pero parece ser que existen intereses y favores recíprocos entre el gobierno (y los políticos), los bancos y las grandes compañías eléctricas. No es casualidad que los miembros de los sucesivos ex-gobiernos (antiguos ministros) acaben sentándose en las mesas de los consejos de administración de estas grandes empresas.

B) El oligopolio del sector petrolero de España

La gasolina en España no es de las más caras de Europa, debido a que los impuestos sobre hidrocarburos aplicados en nuestro país son de los más bajos de toda la unión. Sin embargo, la gasolina en nuestro país tampoco es de las más baratas, debido fundamentalmente a que el margen que obtiene una petrolera en España es muy superior al que obtiene en otros países de nuestro entorno.

Esta situación lleva a que 3 grandes empresas petroleras obtengan unos magníficos resultados económicos al conseguir una muy alta rentabilidad por cada litro de gasolina vendido. 

¿El sector petrolero español es realmente un mercado de libre competencia? 

Al igual que en el caso de la electricidad, de nuevo se repite la situación de oligopolio: cuando España ingresa en el mercado común en 1986, desde Europa le ponen una condición, y es que a partir del 93 debe haberse acabado el monopolio del mercado de petróleos que estaba en manos de CAMPSA.

Sin embargo, según se realizó la desmonopolización, se fueron repartiendo los activos de CAMPSA a 3 empresas: Repsol, CEPSA y la británica BP, las cuales han ido formado una situación de oligopolio, pudiendo manejar el sector según sus intereses y pactar los precios para maximizar sus beneficios.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha denunciado en varias ocasiones que estas petroleras han pactado precios, y de hecho han sido sancionadas por el Tribunal Superior de Defensa de la Competencia en reiteradas ocasiones. El problema, al igual que en el caso de las eléctricas, es que las sanciones resultan ridículas en relación a la cifra de negocio y beneficios que obtienen las petroleras.

 

¿Cómo funcionan las estaciones de servicio?

Las empresas petroleras suministran gasolina a las estaciones de servicio, las cuales suelen ser propiedad de pequeños empresarios independientes (aunque hay otros formatos de explotación, como el caso de que éstas sean propiedad de la misma petrolera, o bien estén siendo gestionadas en régimen de franquicia). El caso es que la petrolera firma un contrato de suministro y explotación con la estación de servicio por una serie de años, y a través de éste, la empresa petrolera proveerá en exclusiva a esa gasolinera.

El precio de la gasolina ofrecido en la estación de servicio al consumidor final es fijado por la petrolera diariamente: si el dueño de la gasolinera desea ofrecer algún descuento adicional al usuario final sobre ese precio, deberá ponerlo de su bolsillo.

Las ventas de gasolina de cada estación de servicio son contabilizadas como facturación de la compañía petrolera, quien después paga a la gasolinera una comisión sobre esas ventas conseguidas. Hace años, el margen se repartía aproximadamente al 50% entre la estación de servicio y la compañía petrolera (la comisión era más o menos de la mitad). Sin embargo, en los últimos años el margen que obtiene la petrolera ha crecido en detrimento del margen que percibe el propietario de la estación de servicio.

En el siguiente gráfico se puede observar un estudio sobre la evolución de los márgenes que se reparten petroleras y propietarios de estaciones de servicio desde 1995. La línea roja representa el margen total del mercado y la verde es la comisión que la petrolera paga a la estación de servicio. La distancia entre ambas líneas (la diferencia entre el margen obtenido en la venta de gasolina menos la comisión pagada al gasolinero) viene a ser el margen final que obtiene la compañía petrolera, y que como se observa presenta una marcada tendencia creciente, incluso en los años de crisis económica, que es cuando más se ha acentuado su crecimiento.

Llama la atención un año en el que la línea roja presenta un gran descenso: fue el año 2000, cuando el ministro de economía, Rodrigo Rato, forzó a las petroleras a bajar los precios para que España pudiera entrar en el mercado común de la Unión Europea, ya que la inflación debía de estar por debajo de un determinado nivel. Esto pone de manifiesto que el precio de la gasolina también responde a decisiones políticas, y que existe una relación estrategico-política entre las 3 grandes petroleras y los gobiernos de España.

En el gráfico también llama la atención que a partir del año 2007, coincidiendo con el inicio de la crisis, el precio de la gasolina se dispara (la línea roja acentúa su tendencia creciente). Esto es debido a que en 2007 se produce un gran descenso de las ventas como consecuencia de la situación económica que ha empezado a atravesar el país, y la decisión tomada por las petroleras es la de incrementar sensiblemente el precio de venta y su margen para intentar ganar lo mismo vendiendo menos cantidad (menos rotación, pero con más margen).

En el periodo de crisis entre 2007 y 2012, las petroleras han incrementado sus márgenes en torno a un 29%, lo que unido al incremento del precio del petróleo explica el aumento acumulado del 75% del precio de la gasolina que han experimentado los consumidores.

En el mercado español existe una posición de dominio de 3 empresas fundamentalmente (Repsol, CEPSA y BP) que suministran al 83% de las gasolineras, lo que les permite fijar precios e incrementar sus márgenes.

Al igual que ocurría en el caso de las compañías eléctricas, las grandes petroleras españolas obtienen unos enormes beneficios pero a costa de perjudicar el interés general, ya que al poner la energía más cara están haciendo a nuestro país y a nuestras empresas menos competitivas. Grandes compañías petroleras como Exxon Mobil, Texaco, Total Fina, Shell o Agiphan estado en el mercado español durante algún tiempo, pero finalmente se han ido, ya que los puntos de venta buenos están copados por las 3 grandes compañías a través de contratos de larga duración, llegando a la conclusión de que el mercado español no era atractivo dada su peculiar estructura.

¿Quiénes son los propietarios de estas grandes empresas?

1) ENDESA
 
En el caso de Endesa, la mayor compañía eléctrica de España, desde el año 2010 el accionista mayoritario es la eléctrica italiana semipública Enel. Hasta ese momento Endesa cotizaba en la bolsa española, y tenía entre sus accionistas de referencia a la constructora Acciona y Caja Madrid.

La venta de Endesa a Enel se produjo dentro del marco de las polémicas decisiones del gobieno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, cuando la eléctrica alemana E-On había anunciado su interés en comprar Endesa, y para evitarlo finalmente se dio entrada de forma mayoritaria a la empresa italiana, perdiendo España el control sobre otra empresa estratégica para su economía.

2) CEPSA

Desde 2009 los propietarios de la segunda petrolera española han cambiado considerablemente: hasta 2009 la petrolera francesa Total Fina (con un 49% del capital), el Banco Santander (con un 32,5%), el fondo de Abu Dhabi IPIC (con un 9,5%) y Unión Fenosa (con un 5%) eran los accionistas de referencia.

Entre 2010 y 2011 IPIC ha ido incrementando su participación en CEPSA mediante la adquisición de las acciones del Santander y Unión Fenosa, convirtiéndose en el segundo accionista junto a Total Fina. Finalmente en 2011 el fondo árabe se hace con el 100% del capital de la petrolera al comprar toda la  participación de Total Fina.

De nuevo, al igual que en el caso de Endesa, otra compañía española de vital importancia a nivel estratégico  queda en manos de accionistas extranjeros, lo cual es perfectamente legítimo (y muchas veces hasta puede resultar positivo) siempre y cuando una empresa que juega un papel tan estratégico mire también por el interés general del país y no sólo por el de los propios accionistas.

3) REPSOL

Los principales accionistas de Repsol son CaixaBank (con un 13% del capital), la constructora Sacyr (10%), la petrolera mexicana Pemex (10%), BBVA (4%), BNP Paribas (3%) y Black Rock (3%). El 57% restante del capital social cotiza en bolsa.

4) EDP

En el caso de la eléctrica portuguesa, los accionistas de referencia (entre los que destacan Iberdrola) se muestran a continuación:

Fuente: http://conspiracionglobal20.blogspot.com/2013/07/el-oligopolio-de-los-mercados.html